Introducción
El presente informe constituye una investigación analítica exhaustiva sobre el comportamiento del Congreso de la República del Perú durante el mes de marzo de 2026, un periodo de inusitada trascendencia histórica e institucional. La coyuntura temporal no es un detalle menor, dado que el país se encuentra en la recta final hacia las elecciones generales de abril de 2026, comicios que marcarán un hito constitucional al restablecer el sistema parlamentario bicameral, compuesto por un Senado de sesenta escaños y una Cámara de Diputados de ciento treinta representantes distribuidos en veintisiete distritos electorales.
Esta inminente transición hacia el bicameralismo ha generado un escenario de hiperactividad legislativa donde los actuales parlamentarios, motivados por incentivos de reelección hacia cualquiera de las dos nuevas cámaras, han adoptado posturas de extrema permeabilidad frente a las demandas de los grupos de interés y los sindicatos del sector público.
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El eje central de este análisis se circunscribe a la dinámica de aprobación de un paquete de normativas que vulneran directamente el principio fundamental de equilibrio presupuestario. La Constitución Política del Perú, en su artículo 79, establece la prohibición expresa que impide a los representantes ante el Congreso ostentar iniciativa para crear o aumentar gastos públicos, reservando la administración de la hacienda estatal al Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). No obstante, el Parlamento ha perfeccionado diversas metodologías jurídicas para eludir esta restricción constitucional, disfrazando la creación de gasto corriente bajo la figura de restituciones de derechos laborales, nivelaciones de equidad pensionaria y bonificaciones por servicios a la nación.
Durante marzo de 2026, esta tendencia colisionó frontalmente con la prudencia fiscal del Estado, resultando en la aprobación de cinco leyes de profunda controversia, caracterizadas por su impacto astronómico en la caja fiscal y su abrumador respaldo popular.
La reconstrucción exacta del registro de votaciones nominales desglosadas por cada grupo parlamentario, utilizando como fuentes primarias las actas del Pleno, las resoluciones legislativas y el Diario de los Debates, revela una reconfiguración total de las alianzas políticas. El análisis de datos demuestra que la tradicional dicotomía ideológica entre las bancadas de izquierda y derecha se disuelve por completo cuando se someten a votación las denominadas «leyes de gasto». En su lugar, emerge un consenso multipartidario coyuntural, donde agrupaciones conservadoras, liberales y socialistas convergen para aprobar medidas que garantizan réditos electorales inmediatos.
Pensiones Magisteriales
Ley de Nivelación de Pensiones Magisteriales a la Primera Escala RIM
Impacto fiscal: Nivelación a S/ 3,300 mensuales para decenas de miles de maestros cesantes y jubilados. Impacto no cuantificado oficialmente; el MEF advirtió que destruye los fundamentos actuariales de la ONP.
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La lucha por la homologación de las pensiones del sector docente en el Perú constituye uno de los conflictos laborales más longevos y complejos de la administración pública. Históricamente, decenas de miles de maestros cesantes y jubilados adscritos al Sistema Nacional de Pensiones bajo la administración de la ONP, percibían retribuciones paupérrimas que en muchos casos no superaban el rango de los trescientos a ochocientos soles mensuales.
En respuesta a esta demanda estructural, el Congreso unificó y debatió los Proyectos de Ley 3864, 4786 y 8911, configurando una normativa que exige la nivelación matemática de las pensiones docentes para que estas no sean inferiores a la Remuneración Íntegra Mensual (RIM) correspondiente a la primera escala de la Carrera Pública Magisterial, cuyo valor vigente asciende a S/ 3,300. El MEF objetó la viabilidad de la propuesta argumentando que la medida destruye los fundamentos actuariales del sistema de reparto de la ONP. A pesar de la observación presidencial, el Pleno decidió someter el dictamen a una votación de aprobación por insistencia.
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La configuración de esta votación ilustra el fenómeno del parlamentarismo sindical. Las agrupaciones de izquierda como Perú Libre, Juntos por el Perú - Bloque Magisterial, la Bancada Socialista y el Bloque Democrático Popular actuaron con disciplina marcial, emitiendo la totalidad de sus votos a favor. Esto responde a la naturaleza genética de estas agrupaciones, muchas de las cuales nacieron al amparo de las bases del magisterio rural.
El aspecto más revelador es el comportamiento mimético de las bancadas de centro y derecha. Agrupaciones con plataformas teóricamente orientadas hacia el libre mercado y la ortodoxia fiscal, como Fuerza Popular y Renovación Popular, aportaron el volumen crítico de votos para lograr la insistencia. Ante la proximidad de los comicios de abril de 2026, la derecha parlamentaria decidió abandonar la defensa del erario público para evitar ser estigmatizada como un bloque antilaboral.
Las únicas tres abstenciones provinieron de miembros de Avanza País, quienes intentaron salvar su responsabilidad frente a los inminentes procesos de inconstitucionalidad, optando por una postura pasiva en lugar de presionar el botón de rechazo.
Beneficios Laborales CAS
Ley 32563 sobre Beneficios Laborales y Derechos Plenos para el Régimen CAS
Impacto fiscal: Costo fiscal recurrente estimado entre S/ 2,800 y S/ 3,050 millones anuales. Otorga CTS (100% de remuneración por año) y gratificaciones completas a más de 350,000 servidores CAS.
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El régimen laboral del Contrato Administrativo de Servicios (CAS), instituido originalmente mediante el Decreto Legislativo 1057, fue diseñado como un mecanismo de vinculación transitoria y de excepción. A pesar de su naturaleza temporal, el régimen CAS se metastatizó dentro de la estructura estatal, convirtiéndose en la modalidad de contratación predominante y perpetuando un sistema de discriminación laboral institucionalizada.
La Ley 32563 modifica el artículo 6 del Decreto Legislativo 1057, imponiendo a las entidades públicas la obligación de otorgar a los más de 350,000 servidores CAS el derecho irrestricto a la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), calculada sobre el cien por ciento de la remuneración mensual por cada año de servicio. Simultáneamente, erradica el tradicional aguinaldo fijo de S/ 300, sustituyéndolo por gratificaciones completas equivalentes a una remuneración mensual íntegra.
A diferencia de otras normas, esta ley fue firmada y oficializada por el propio presidente de la República, José María Balcázar, el 23 de marzo de 2026, bajo el argumento político de que el Estado peruano no podía seguir siendo un mal ejemplo de explotación laboral para la empresa privada.
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El escrutinio del tablero de votación exhibe la capitulación absoluta de la ortodoxia económica en el recinto parlamentario. Podemos Perú y Alianza para el Progreso, bancadas con extensas redes clientelares en los gobiernos subnacionales, votaron en bloque inquebrantable a favor. La rentabilidad política de otorgar cientos de miles de gratificaciones completas constituye una herramienta de movilización electoral formidable.
Los únicos destellos de resistencia técnica se manifestaron de manera testimonial en Avanza País y Renovación Popular, donde dos solitarios votos en contra intentaron dejar constancia del peligro de obligar a municipalidades pobres a pagar compensaciones millonarias sin fondos de contingencia. Las abstenciones evidencian la disonancia cognitiva de legisladores que comprendían el desastre fiscal, pero carecían del coraje político para enfrentarse a la turba sindical.
Pensiones Militares y Policiales
Ley 32561 sobre Reforma de Pensiones del Personal Militar y Policial
Impacto fiscal: Restituye progresivamente pensión equivalente al 100% de la remuneración en actividad. Aporte mixto: 15% del personal + 10% del Estado. El MEF advirtió descalce actuarial inevitable a largo plazo.
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La estructura pensionaria de las fuerzas del orden ha experimentado un desarrollo traumático. Durante gran parte del siglo XX, el personal militar y policial en retiro gozó de los privilegios del Decreto Ley 19846, la «Cédula Viva», que garantizaba que las pensiones se incrementaran automáticamente cada vez que el gobierno decretaba un aumento salarial para el personal en actividad. La insostenibilidad de este sistema llevó a su clausura definitiva mediante el Decreto Legislativo 1133 en 2012.
La Ley 32561, promulgada por insistencia en marzo de 2026, busca restituir progresivamente el acceso a una pensión equivalente al cien por ciento de la remuneración en actividad. Se instituye un modelo de contribución mixta: 15% de descuento al personal en actividad y 10% de aporte estatal. El MEF emitió severas advertencias señalando que el descalce actuarial a largo plazo resultará inevitable.
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La Ley 32561 actuó como un aglutinador orgánico para las bancadas de derecha y centro-derecha. Fuerza Popular, Renovación Popular, Honor y Democracia y Avanza País funcionaron como una maquinaria perfectamente engrasada. Para estas facciones, el respaldo irrestricto a la familia militar y policial representa un pilar doctrinario fundamental que prioriza el orden y la seguridad por encima de los desequilibrios presupuestarios.
En agudo contraste, la izquierda parlamentaria experimentó fragmentación interna. Las cinco abstenciones documentadas no responden a una preocupación por la estabilidad macroeconómica, sino que reflejan las profundas fracturas ideológicas y desconfianzas históricas entre la izquierda radical peruana y las instituciones castrenses.
Bono Veteranos de Pacificación
Proyecto de Ley 3385 sobre el Bono Mensual Vitalicio para Veteranos de la Pacificación
Impacto fiscal: Pensión mensual vitalicia de S/ 1,130 por veterano calificado. Pasivo permanente sobre el erario. El MEF advirtió que la expansión de padrones podría multiplicar exponencialmente el número de beneficiarios.
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La memoria histórica del conflicto armado interno peruano que ensangrentó las décadas de 1980 y 1990 continúa operando como una fuerza magnética en la producción legislativa contemporánea. El Proyecto de Ley 3385 instituye una pensión mensual vitalicia de S/ 1,130 a favor de los veteranos calificados: personal de tropa, licenciados y comités de autodefensa que arriesgaron su integridad durante las campañas de pacificación nacional.
A diferencia de las reformas pensionarias, este bono representa la inyección directa de un pasivo permanente sobre el erario. El MEF objetó advirtiendo que la expansión de los padrones de veteranos podría multiplicar exponencialmente el número de beneficiarios y desestabilizar la partida presupuestal del sector defensa.
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La topografía de la votación documenta la profunda fisura tectónica que aún divide al parlamento cuando se debaten temáticas relacionadas con el terrorismo y la intervención militar. El bloque hegemónico de la derecha y el centro político operó con cohesión casi absoluta, consolidando lealtades orgánicas en territorios andinos y amazónicos.
Diametralmente opuesto fue el escenario dentro de las bancadas de izquierda, donde el proyecto desencadenó una grave crisis de conciencia. Un sector pragmático apoyó la medida, justificando que la mayoría de las tropas provenían de clases campesinas marginadas. Sin embargo, la facción ideológicamente más radical sumó la totalidad de los 15 votos en contra, objetando que el padrón podría terminar subsidiando a individuos involucrados en violaciones a los derechos humanos durante las operaciones militares de los años ochenta y noventa.
Nombramiento CAS Salud
Ley 32568 sobre Nombramiento del Personal CAS del Sector Salud
Impacto fiscal: Nombramiento automático de 9,361 servidores CAS al régimen permanente (DL 276 / DL 728). Rigidiza presupuestos de Minsa y EsSalud con obligaciones laborales permanentes.
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La onda expansiva de la pandemia del COVID-19 dejó una huella indeleble en los recursos humanos del sistema sanitario. Para hacer frente a la crisis, el Estado realizó contrataciones aceleradas bajo la modalidad temporal de CAS-COVID. La presión de las federaciones médicas y los gremios de enfermeras no se detuvo en la conversión a CAS regular; la agenda sindical exigía la erradicación total de la precariedad laboral.
La Ley 32568 ordena el nombramiento automático, perentorio y generalizado del cien por ciento del personal profesional, técnico y auxiliar asistencial CAS en el sector salud: 9,361 servidores absortos a los regímenes permanentes del DL 276 y DL 728. Servir y el MEF alertaron que el nombramiento masivo burla los principios de meritocracia y concurso público, y que la rigidización presupuestaria comprometerá la provisión de medicamentos, equipos biomédicos y mantenimiento hospitalario.
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La votación ilustra el poder de coerción moral y política del sector salud. El personal sanitario ha capitalizado el sacrificio durante la pandemia, construyendo un escudo retórico de «héroes de bata blanca» impenetrable para cualquier argumentación fiscal. Oponerse al nombramiento de médicos y enfermeras constituye un suicidio político en un país con hondas deficiencias sanitarias.
El dato analítico más valioso se oculta en la docena de abstenciones distribuidas entre Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Avanza País y Renovación Popular. Estas son actos deliberados de congresistas vinculados a comisiones económicas que comprenden el daño estructural de destruir la meritocracia, pero carecen de la voluntad para registrar un voto solitario en contra que los expondría al furor de los gremios de salud en sus regiones. La abstención fungió como la única válvula de escape frente a la tiranía de las mayorías.
Comparación entre Leyes
Votos «A Favor» de cada grupo parlamentario en las 5 leyes analizadas.
Implicancias Estructurales y el Colapso del Equilibrio Macroeconómico
La sucesión de aprobaciones de leyes de gasto corriente documentada durante marzo de 2026 no puede ser interpretada como una serie de eventos aislados, sino como la consolidación de un paradigma de asedio sistemático contra la arquitectura hacendaria del Estado peruano.
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Destrucción del equilibrio presupuestario
Al transferir la carga de la prueba financiera hacia las entidades locales, regionales y ministerios, exigiéndoles que financien miles de millones mediante «modificaciones de su propio presupuesto», el Congreso está induciendo una parálisis silenciosa. El desvío forzoso de capital destinado a inversión pública hacia el pago de nóminas y compensaciones corrientes perpetuará el déficit de infraestructura, desacelerando la creación de empleo privado y contrayendo la expansión del PBI a mediano plazo.
Judicialización masiva
La insistencia parlamentaria en materias de competencia exclusiva del Ejecutivo obligará a la presidencia a inundar el Tribunal Constitucional con demandas de inconstitucionalidad. Este ciclo perverso de promulgación populista y posterior anulación judicial generará falsas expectativas en cientos de miles de trabajadores y militares retirados. La frustración se canalizará en movilizaciones de extrema violencia, desestabilizando la gobernabilidad democrática.
Destrucción de la confianza macroeconómica
La rigidez impuesta a la caja fiscal mediante pasivos contingentes y obligaciones indexadas destruye el principal ancla de confianza de la economía peruana: su prudencia macroeconómica. Las agencias calificadoras tomarán nota de un parlamento bicameral que asume funciones de política fiscal sin base tributaria que lo respalde. El Estado se verá acorralado entre el endeudamiento externo agresivo o la imposición de severas reformas tributarias que asfixiarán al sector privado formal.
El registro exhaustivo y nominal de las votaciones de marzo de 2026 sirve como un acta documental irrefutable del triunfo de las demandas corporativas de corto plazo sobre la supervivencia económica estratégica de la república en los albores de su nueva etapa bicameral.