Introducción
Entre abril de 2023 y diciembre de 2024, el Congreso de la República del Perú aprobó seis leyes que, en conjunto, configuran un debilitamiento sistemático del aparato de persecución penal del Estado. Estas normas fueron identificadas por el Ministerio Público en su pronunciamiento de enero de 2026 como «leyes pro-crimen» que socavan la capacidad fiscal de investigar y sancionar la corrupción y el crimen organizado.
La investigación periodística de Convoca.pe (2025) identificó que 17 congresistas votaron a favor de las 6 leyes de manera reiterada, y que muchos de ellos buscan la reelección en las elecciones de abril de 2026. Human Rights Watch, en su informe «Legislar para la Impunidad» (julio 2025), documentó cómo estas leyes violan estándares internacionales de derechos humanos y justicia penal.
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Las seis leyes comparten un patrón común: fueron impulsadas por mayorías parlamentarias transversales — desde Fuerza Popular y Alianza para el Progreso hasta Perú Libre y Podemos Perú — con amplio consenso en primera votación y resistencia mínima. Cuando el Ejecutivo las observó (como en el caso de la Ley 31990 de colaboración eficaz), el Congreso las aprobó por insistencia.
El contexto es particularmente significativo: múltiples congresistas que votaron a favor de estas leyes enfrentan investigaciones fiscales por delitos de corrupción, organización criminal, o tráfico de influencias. Las leyes aprobadas benefician directamente sus situaciones procesales, ya sea acortando plazos de prescripción, limitando herramientas de investigación, o creando mecanismos de presión sobre los fiscales que los investigan.
Los documentos fuente (actas oficiales de votación del Pleno) están disponibles como PDF al pie de cada ley para verificación independiente. Los originales son documentos escaneados obtenidos del portal de Asistencias y Votaciones del Congreso de la República.
Ley Soto (Prescripción)
Ley que modifica el Código Penal y el Código de Procedimientos Penales respecto de los plazos de prescripción de la acción penal
Impacto: Reduce plazos de prescripción, permitiendo la extinción de procesos penales por corrupción. El Ministerio Público estimó que decenas de casos activos podrían prescribir.
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Reduce drásticamente los plazos de prescripción para delitos de corrupción y crimen organizado. Antes de esta ley, los plazos se suspendían mientras durara el proceso; ahora, los casos que superen ciertos plazos quedan automáticamente extinguidos. Según el Ministerio Público, beneficia directamente a funcionarios investigados por corrupción al permitir que sus casos prescriban antes de llegar a sentencia.
Primera Votación
13 abr. 2023 · Pleno
Segunda Votación
11 may. 2023 · Pleno
Distribución por bancada calculada en proporción al patrón de otra votación del mismo periodo, ajustada al total oficial de esta etapa (ver README).
Total oficial 79 votos a favor (0 en contra, 0 abstenciones). Distribución por bancada: método Hamilton a partir de la composición de la segunda votación, ajustada al total de esta etapa; contrastar con el PDF del 13/04/2023.
Colaboración Eficaz
Ley que regula los plazos y condiciones del proceso especial de colaboración eficaz
Impacto: Impone plazos que limitan la colaboración eficaz, herramienta clave contra redes de corrupción. Aprobada por insistencia pese a la observación del Ejecutivo.
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Impone límites temporales estrictos al proceso de colaboración eficaz, la herramienta más poderosa del sistema penal contra redes de corrupción y crimen organizado. Los aspirantes a colaborador eficaz deben completar el proceso dentro de plazos que los fiscales consideran insuficientes para casos complejos con múltiples imputados. La ley fue aprobada por insistencia tras el veto del Ejecutivo.
Primera Votación
1 nov. 2023 · Pleno
Exoneración de Segunda Votación
1 nov. 2023 · Pleno
Insistencia
14 dic. 2023 · Pleno
Distribución por bancada calculada en proporción al patrón de otra votación del mismo periodo, ajustada al total oficial de esta etapa (ver README).
Total 85 a favor. Distribución proporcional a partir del patrón de la insistencia (14/12/2023), ajustada al total de esta votación.
Documentos fuente
Delitos de Lesa Humanidad
Ley que define y sanciona los delitos de lesa humanidad y establece procedimientos especiales
Impacto: Redefine lesa humanidad con criterios más restrictivos que el Estatuto de Roma. La Corte IDH expresó preocupación por su impacto en casos emblemáticos.
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Redefine los delitos de lesa humanidad estableciendo requisitos que, según la Corte IDH y organismos internacionales, son más restrictivos que los estándares del Estatuto de Roma. Establece que solo califican como lesa humanidad actos cometidos como parte de un "ataque generalizado y sistemático" conforme a una "política organizacional", lo que podría impedir la persecución de casos emblemáticos como los de Barrios Altos y La Cantuta.
Primera votación (Pleno)
6 jun. 2024 · Pleno
Segunda votación (Comisión Permanente)
4 jul. 2024 · Comisión Permanente
Distribución por bancada calculada en proporción al patrón de otra votación del mismo periodo, ajustada al total oficial de esta etapa (ver README).
Totales oficiales 60-36-11 según Comunicaciones del Congreso (06/06/2024). Desglose por bancada: método Hamilton a partir del patrón de la votación de la modificatoria 32138 (16/10/2024), reescalado a esos totales; verificar en el PDF oficial del Pleno 06/06/2024 (enlace en documentos fuente).
Crimen Organizado
Ley que modifica la Ley 30077, Ley contra el Crimen Organizado, y otros dispositivos legales
Impacto: Redefine "organización criminal" y exige abogado defensor en allanamientos. El Ministerio Público lo calificó como "retroceso de 20 años" en la lucha contra el crimen.
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Redefine "organización criminal" con requisitos más exigentes: requiere "estructura compleja" de 3+ personas con "carácter permanente o por tiempo indefinido". Exige la presencia obligatoria de un abogado defensor público durante allanamientos, lo que fiscales y policías consideran un obstáculo operativo que permite la destrucción de evidencia. Fue descrita por el Ministerio Público como "un retroceso de 20 años en la lucha contra el crimen organizado".
Primera Votación (Pleno)
30 may. 2024 · Pleno
Segunda Votación (Comisión Permanente)
4 jul. 2024 · Comisión Permanente
Modificatoria (Ley 32138)
16 oct. 2024 · Pleno
Distribución por bancada calculada en proporción al patrón de otra votación del mismo periodo, ajustada al total oficial de esta etapa (ver README).
Total 50 votos a favor. Distribución proporcional (Hamilton) a partir del patrón de la modificatoria (Ley 32138) del 16/10/2024, escalada al total de esta etapa.
Detención Preliminar
Ley que modifica el Código Procesal Penal respecto de la detención preliminar en casos de no flagrancia
Impacto: Elimina la detención preliminar sin flagrancia, impidiendo detener temporalmente a sospechosos durante la investigación. Promulgada el 12/12/2024, revertida parcialmente el 14/12/2024.
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Elimina la detención preliminar en casos de no flagrancia, impidiendo que los jueces ordenen la detención temporal de sospechosos para asegurar la investigación. Antes de esta ley, los jueces podían ordenar la detención preliminar cuando existían indicios de delito con pena superior a 4 años y riesgo de fuga. La ley fue posteriormente revertida parcialmente ante la presión pública, pero la versión original estuvo vigente durante un breve período.
Primera Votación
21 nov. 2024 · Pleno
Exoneración de Segunda Votación
21 nov. 2024 · Pleno
Distribución por bancada calculada en proporción al patrón de otra votación del mismo periodo, ajustada al total oficial de esta etapa (ver README).
Total 94 a favor. Distribución modelada a partir del patrón de las leyes de gasto público (marzo 2026) en el mismo orden de bancadas, escalada al total oficial.
Documentos fuente
Sanciones a Fiscales y Jueces
Ley que establece el régimen sancionador para fiscales y jueces que incurran en irregularidades funcionales
Impacto: Crea un régimen de multas y sanciones sobre fiscales y jueces, generando un efecto intimidatorio sobre la independencia judicial según organismos de DDHH.
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Establece un régimen de sanciones económicas y administrativas contra fiscales y jueces que cometan "irregularidades" en sus funciones, incluyendo multas significativas. Los críticos señalan que esto crea un efecto intimidatorio (chilling effect) sobre la independencia judicial, desincentivando a los operadores de justicia de investigar casos sensibles contra personas con poder político.
Primera Votación
21 nov. 2024 · Pleno
Exoneración de Segunda Votación
22 nov. 2024 · Pleno
Distribución por bancada calculada en proporción al patrón de otra votación del mismo periodo, ajustada al total oficial de esta etapa (ver README).
Total 84 a favor. Distribución proporcional al modelo de la Ley 32181 en la misma sesión (21/11/2024).
Resumen de Votaciones
Votos totales por etapa para cada una de las 6 leyes pro-crimen.
Nota sobre los datos
Cada etapa de votación incluye desglose por bancada (gráfico y tabla), con una
nota de procedencia bajo el gráfico: transcripción desde acta, total oficial
sin desglose nominal, reconstrucción desde prensa, o reparto proporcional al
total oficial cuando el PDF es imagen. Los PDF del Congreso están enlazados al
pie de cada ley; la matriz metodológica completa está en
public/documentos/votaciones-procrimen/README.md.
Implicancias Estructurales
Las seis leyes analizadas configuran un patrón de captura legislativa del sistema de justicia: el mismo Congreso que debería fiscalizar al poder público ha debilitado sistemáticamente las herramientas que la fiscalía utiliza para investigar y sancionar la corrupción.
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Erosión del Estado de Derecho
La combinación de prescripciones aceleradas (Ley Soto), limitaciones a la colaboración eficaz, restricciones a la detención preliminar, y un régimen punitivo contra fiscales crea un ecosistema legal donde la persecución de delitos complejos se vuelve prácticamente imposible. Los fiscales enfrentan la paradoja de investigar bajo amenaza de sanción y con herramientas cada vez más limitadas.
Conflicto de interés institucionalizado
De los 130 congresistas, una proporción significativa enfrenta investigaciones fiscales activas. Convoca.pe identificó que 17 de ellos votaron consistentemente a favor de las 6 leyes, y varios buscan la reelección en abril de 2026. Esto configura un conflicto de interés sistémico: legisladores creando las normas que rigen su propia persecución penal.
Dimensión internacional
La Corte Interamericana de Derechos Humanos expresó preocupación formal por la Ley 32107 (lesa humanidad), señalando que su definición es más restrictiva que el Estatuto de Roma. Human Rights Watch, en su informe de julio 2025, catalogó el paquete legislativo como un programa deliberado de «legislar para la impunidad», violando obligaciones internacionales del Estado peruano.
El registro de estas votaciones sirve como documentación histórica del proceso mediante el cual una mayoría parlamentaria transversal utilizó su poder legislativo para debilitar las instituciones encargadas de investigar a sus propios miembros.
Ver también: Leyes de Gasto Público
En marzo de 2026 el Congreso aprobó un paquete de leyes de expansión del gasto público por decenas de miles de millones de soles, en vísperas de las elecciones generales.
Ver análisis de Leyes de GastoVer también: Contrarreforma universitaria
Ley 31520, Ley 32105 y 20 universidades nacionales: reversión de la Ley Universitaria y la SUNEDU, con votaciones reconstruidas.
Ver contrarreforma universitaria